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INCAPACITACIÓN. TUTELA, CURATELA Y DEFENSOR JUDICIAL(PARTE I)

 

Solo mediante Sentencia judicial, previo seguimiento del procedimiento legalmente establecido, y siempre que concurran las causas establecidas en la Ley, puede declararse incapaz a una persona, ya sea total o parcialmente.

 

Nuestro Código Civil no enumera cuales sean las causas que deben darse para que proceda la incapacitación judicial, si bien dispone que la incapacitación se prevé para aquellos casos en los que enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, impiden a una persona gobernarse por sí misma. Así, podemos citar, entre otras, alzheimer, esquizofrenia, síndrome de down, etc., ...

 

Puede promover la incapacitación el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas antes mencionadas no existieran o no la hubiesen solicitado.

 

Además cualquier persona está capacitada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación.

 

También las autoridades y funcionarios que, por razón de sus cargos, conozcan la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, deben ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

 

La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante:

 

-  La tutela.

-  La curatela.

-  El defensor judicial.

 

I. LA TUTELA

 

La tutela es la institución proteccionista que procede en casos de:

 

• menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad

 

• incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido

 

• los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela

 

• menores que se hallen en situación de desamparo.

 

La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, pudiendo exigirse al tutor que informe sobre la situación del menor o incapacitado, y estado de la administración de la tutela. Además el Juez puede establecer medidas de vigilancia y control en beneficio del tutelado.

 

El tutor está obligado a velar por el tutelado, y en particular, procurarle alimentos, educar al menor y procurarle una formación integral, promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad, e informar al Juez anualmente sobre la situación del tutelado, y rendirle cuenta anual de su administración.

 

Para nombrar al tutor se preferirá, al designado por el propio tutelado mediante documento notarial, al cónyuge que conviva con el tutelado, a los padres, a la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad, y al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.

 

Nuestro Código Civil establece determinadas restricciones para ostentar el cargo del tutor, y entre otras; los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior, los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena; las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho, etc...

El tutor necesita autorización judicial para realizar determinados actos en nombre del tutelado, por ejemplo, para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial; dar y tomar dinero a préstamo; aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades, etc,...

 

La tutela se extingue:

 

• Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.

 

• Por la adopción del tutelado menor de edad.

 

• Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.

 

• Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.

 

• Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.

 

• Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.

 

 

Leer segunda parte del artículo: curatela y defensor judicial.

 

 

 

María Dolores Morón Raya

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

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ABOGADOS, ASESORES JURIDICOS, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

 

 

"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano". Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense

"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano". Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense

"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano". Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense
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"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano". Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense

INCAPACITACIÓN. TUTELA, CURATELA Y DEFENSOR JUDICIAL(PARTE I)

 

Solo mediante Sentencia judicial, previo seguimiento del procedimiento legalmente establecido, y siempre que concurran las causas establecidas en la Ley, puede declararse incapaz a una persona, ya sea total o parcialmente.

 

Nuestro Código Civil no enumera cuales sean las causas que deben darse para que proceda la incapacitación judicial, si bien dispone que la incapacitación se prevé para aquellos casos en los que enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, impiden a una persona gobernarse por sí misma. Así, podemos citar, entre otras, alzheimer, esquizofrenia, síndrome de down, etc., ...

Puede promover la incapacitación el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz. El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas antes mencionadas no existieran o no la hubiesen solicitado.

 

Además cualquier persona está capacitada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación.

 

También las autoridades y funcionarios que, por razón de sus cargos, conozcan la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, deben ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

 

La guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante:

 

-  La tutela.

-  La curatela.

El defensor judicial.

 

I. LA TUTELA

 

La tutela es la institución proteccionista que procede en casos de:

 

• menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad

 

• incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido

 

• los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, salvo que proceda la curatela

 

• menores que se hallen en situación de desamparo.

 

La tutela se ejercerá bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, pudiendo exigirse al tutor que informe sobre la situación del menor o incapacitado, y estado de la administración de la tutela. Además el Juez puede establecer medidas de vigilancia y control en beneficio del tutelado.

 

El tutor está obligado a velar por el tutelado, y en particular, procurarle alimentos, educar al menor y procurarle una formación integral, promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad, e informar al Juez anualmente sobre la situación del tutelado, y rendirle cuenta anual de su administración.

 

Para nombrar al tutor se preferirá, al designado por el propio tutelado mediante documento notarial, al cónyuge que conviva con el tutelado, a los padres, a la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad, y al descendiente, ascendiente o hermano que designe el Juez.

 

Nuestro Código Civil establece determinadas restricciones para ostentar el cargo del tutor, y entre otras; los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior, los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras estén cumpliendo la condena; las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho, etc...

El tutor necesita autorización judicial para realizar determinados actos en nombre del tutelado, por ejemplo, para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial; dar y tomar dinero a préstamo; aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades, etc,...

 

La tutela se extingue:

 

• Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.

 

• Por la adopción del tutelado menor de edad.

 

• Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.

 

• Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.

 

• Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.

 

• Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela.

 

Leer segunda parte del artículo: curatela y defensor judicial.

 

 

 

María Dolores Morón Raya

Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

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